martes, 14 de octubre de 2014

Carta que firmó Juan Carlos Sosa Ramirez ante jurídico y el Director Fernando Castañeda. Agresor de la FCPyS.


Comunicado Red No Están Solas. Caso FCPyS . A cinco meses del escrache al agresor Juan Carlos Sosa Ramírez en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM



México D. F. a 14 de octubre de 2014

Comunicado Red No Están Solas. Caso FCPyS
A cinco meses del escrache al agresor Juan Carlos Sosa Ramírez en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA;
A LAS REDES FEMINISTAS;
A LA SOCIEDAD CIVIL;
PRESENTE.

Por este medio, queremos hacer del conocimiento público información veraz en torno a la denuncia contra el agresor Juan Carlos Sosa Ramírez: en primer lugar, debemos aclarar que, el pasado 13 de Mayo realizamos una acción de protesta pública en contra de dicha persona en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), como un recurso desesperado de visibilización ante la impunidad que vivimos en el sistema de justicia mexicano y, lamentablemente, en la propia Universidad.

Creemos que ante la impunidad debemos construir la justicia social que las instituciones no logran consolidar; por ello es que las tres estudiantes universitarias que se atrevieron a romper el silencio y denunciar las agresiones cometidas por el estudiante (entonces profesor adjunto) ante las autoridades universitarias correspondientes. Dichas autoridades, dieron respuestas enmarcadas en el silenciamiento institucional y complicidad en el entramado burocrático universitario que obligadamente debe atender estos casos entre la comunidad universitaria.

Además, las denunciantes en el ejercicio de su derecho al acceso a la justicia, sólo encontraron omisiones y acciones disuasivas para desistir de la denuncia violando los derechos universitarios y los derechos humanos de las mujeres, que la UNAM se encuentra obligada a proteger, a pesar de que las denuncias estaban sustentadas por pruebas y un proceso penal abierto en contra del citado.

De esa manera, creemos importante informar a la comunidad universitaria la odisea por la cual las sobrevivientes tuvieron que pasar para ser escuchadas y lo que obtuvieron de las autoridades después de la lucha articulada entre estudiantxs solidarixs.

Los hechos: entre los meses de septiembre y octubre de 2013, después de un proceso de asesoría, tres universitarias de la FCPyS presentaron sus denuncias contra el estudiante de Administración Pública, Juan Carlos Sosa Ramírez, en la Unidad de Seguimiento a Denuncias Universitarias de la UNAM, posteriormente turnadas al Abogado de la Facultad. Dichas denuncias, entre otras cosas, expresaban el riesgo a la integridad física y psicológica que tenían las tres universitarias denunciantes pues el agresor, después de haberse ausentado por un tiempo considerable, regresó a la universidad donde tenía contacto con ellas.

Los actos perpetrados por el agresor (motivos de la denuncia) tienen un modus de violencia agravada, ocasionaron estrés postraumático a las sobrevivientes, ya que las tres fueron agredidas por él; asimismo, dos de ellas son ex parejas de Juan Carlos Sosa quienes fueron violentadas de manera física, psicológica y sexual.

Hubiera bastado con la palabra de estás mujeres para que la UNAM interviniera; no obstante, ellas aportaron diversas pruebas: una averiguación previa en la cual se consta la detención infraganti de Juan Carlos Sosa Ramírez al encontrarlo agrediendo a una de las sobrevivientes afuera de su domicilio.

Del mismo modo, se aportó el dictamen médico y declaraciones de testigos de otra de las denunciantes, donde constaba la lesión ocasionada por un golpe en la nariz que el agresor le propinó. Se entregaron dictámenes psicológicos emitidos por el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) de la PGJ-DF, las cuales determinaron afectaciones psicológicas por violencia intrafamiliar; y dictamen aportado por una terapeuta donde además se le diagnosticó estrés postraumático debido al elevado grado de violencia ejercido por Sosa Ramírez durante un lapso reiterativo, razón por la cual, el CAVI concluyó que él tenía un perfil de agresor. Todos estos dictámenes, además de las declaraciones por parte de testigos (estudiantes) de la misma FCPyS fueron entregados al abogado de la Facultad.

Ante ello, las autoridades señalaron que todos estos hechos se habían realizado fuera de las instalaciones de la Facultad, por lo cual no era de su competencia, aún cuando en una de las denuncias constataban que las agresiones se presentaron dentro de la FCPyS, a lo cual el abogado señaló que ya había pasado mucho tiempo, a pesar de la flagrancia comprobada.

¿Qué hubiera pasado si la denuncia ante tales agravios en la FCPyS, no hubieran tenido el cargo de Violencia contra las mujeres, sino Secuestro o Robo? estamos seguras que la intervención de la FCPyS y de cualquier otra institución no se hubiera puesto en duda.

Posteriormente, el abogado informó a las denunciantes, sólo de palabra, que citó a Juan Carlos Sosa Ramírez y le comunicó que no debía agredir a las denunciantes; y señaló no poder obligarlo a que firmara algún documento el cual les sirviera como protección.

Esta respuesta de una institución no era suficiente, ellas señalaron una serie de razones por las cuales corrían más peligro: estaba por notificársele la reapertura de una averiguación previa, la notificación de una nueva. No obstante, el área jurídica, poco sensibilizada para tratar estos temas, decían a las denunciantes “no creemos que les haga algo” hoy respondemos: NO NECESITABAN QUE LES HICIERA MÁS.

En una reunión posterior con la secretaria académica de la FCPyS, ante la manifestación del miedo justificado, ésta señaló a una de las denunciantes que el Director Fernando Castañeda, enterado de la situación, les ofrecía las facilidades para que terminaran su proceso de titulación sin asistir a la Facultad, o bien, ofrecían un cubículo o un espacio para que se resguardaran. Ello, porque la legislación universitaria no les permitía hacer más, y porque no podían coartar los derechos universitarios del agresor, pero sí limitar el derecho a la libertad de transito dentro del campus universitario, su seguridad, desarrollo académico y por tanto su proyecto de vida; ello al permitir que el agresor conviviera en el mismo espacio de estudio, como es la Facultad.

La FCPyS a la luz de los derechos humanos de las universitarias,estaba haciendo nada para protegerlas, y restó importancia y omitió el daño psicoemocional manifestado por las denunciantes y dictaminado profesionalmente.

La respuesta de la FCPyS, tuvo como consecuencia que las denunciantes dejaran de realizar sus actividades en el campus, y si asistían debían ir acompañadas. Por su parte el agresor, cobijado por la justicia patrracal, después de que se le notificaron las denuncias en su contra, siguió asistiendo a la FCPyS, se inscribió a un Diplomado, fue profesor adjunto del profesor Gabriel Campuzano-Paniagua, profesor que a través de su página de Facebook expresaba la defensa del agresor, pues opinaba los actos violentos cometidos eran su vida personal, nos explicamos porqué Juan Carlos Sosa era su adjunto.[http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/protestan-por-omision-en-caso-de-agresion-a-alumnas-en-la-unam-1010219.html]

En un contexto en el que las instituciones siguen encasilladas en que la violencia entre parejas es un asunto personal, en el que los procesos penales no están hechos para proteger a las mujeres, su demora y desgaste para que desistan es irracional, RedNes decidió apoyar el caso, porque lo personal es politico, y a más de 7 meses después de que las universitarias denunciaron, la UNAM decía no poder hacer nada.

El estado emocional y riesgo a la integridad física que les provocaba a las sobrevivientes el contacto directo e indirecto con el agresor, NO ES un asunto personal que ellas debían aguantar, o dejar de asistir a la FCPyS; sea donde fuera que hubieran ocurrido los hechos, él es un agresor que ejerció violencia machista en contra de tres universiarias, y este hecho, a la luz de los derechos humanos de las mujeres es un asunto de Estado.

Por lo que, en el mes de mayo de 2014 (con el apoyo de REDNES) se envió una carta al Director de la FCPyS, CCP al Abogado General de la UNAM y al PUEG [http://noestansolas.blogspot.mx/2014/10/carta-al-director-de-la-fcpys-frenando.html]; a su vez, SE DENUNCIÓ públicamente al agresor, para poner a salvo a las universitarias ya que la institución decía no poder hacer nada por las limitaciones el legislación universitaria, nosotros sí logramos JUSTICIA SOCIAL.

A partir de la denuncia se hizo pública diversos medios, las denunciantes recibieron llamadas de autoridades de la UNAM para que esta vez sí fueran escuchadas, ampliaron sus denuncias, a las cual se adjuntaron más pruebas, como correos electrónicos en los cuales el agresor aceptó haber agredido físicamente a una de las denunciantes, justificándose por su consumo de drogas, correos en los cuales acosaba sexualmente (dichos correos no fueron recibidos para archivar el expediente, por el fuerte contenido sexual) descripciones más específicas de una de las denunciantes a la cual sí agredió dentro de la FCPyS.

Esta vez, se les escuchó, se leyeron cuidadosamente las denuncias, se pidieron más pruebas. Se les ofreció atención psicológica y asesoría jurídica (aunque el seguimiento sólo fue inicial).
Esta vez, no estaban solas, agredieron a tres y las colectivas de mujeres, hermanas, amigas, compañeras, madres, habían sido agredidas por JUAN CARLOS SOSA RAMIREZ, por lo cual, alzamos la voz, señalamos a un agresor, la denuncia tenía el objeto de que fuéramos escuchadas, de hacer justicia social, ya que en estos temas la justicia patriarcal de las instituciones no nos sirve.

Asimismo, la función del escrache fue ayudar a las sobrevivientes de este agresor a la sanación de su proceso, el ver que la justicia institucional (PGJ- IFAI, UNAM) es inexistente, y que ante tal omisión a quien protege es al agresor, se crean estragos que re-victimizan a las denunciantes.

Por lo cual la sororidad entre quienes entendemos lo que es la violencia machista por parte de un agresor y de las instituciones decidimos gritarlo.

En resolución concreta la FCPyS resolvió que invitaría a las denunciantes en la participación del protocolo de violencia contra mujeres en la UNAM, se conminó a Juan Carlos Sosa Ramírez para que se condujera con el debido respeto a las denunciantes, de lo contrario se actuaría con todo rigor.

Finalmente, el agresor firmó un acta de hechos en la cual se comprometió a no agredir física y verbalmente a las sobrevivientes, ni fuera ni dentro de las instalaciones de la FCSyS, y se comprometió a terminar las materias que faltan en alguna modalidad en que no se presente físicamente en la Facultad, asimismo ajustar su titulación para que no incomode a las denunciantes.

La institución no ofreció una contestación concreta a la carta de las denunciantes, únicamente notificó una carta de hechos que firmó el agresor. (http://noestansolas.blogspot.mx/2014/10/carta-que-firmo-juan-carlos-sosa.html)


¡GRACIAS A TODXS POR SU SORORIDAD!
¡POR LA DIGNIDAD Y JUSTICIA UNIVERSITARIA!
¡POR EL CASTIGO A LA VIOLENCIA FÍSICA Y MORAL CONTRA LAS MUJERES!!
¡POR ESPACIOS UNIVERSITARIOS LIBRES DE VIOLENCIA!
¡PORQUE LO PERSONAL ES POLÍTICO!
¡POR UNA UNAM LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!



RED NO ESTÁN SOLAS






viernes, 22 de agosto de 2014

Pronunciamiento de la REDNOESTANSOLAS ante detención arbitraria. Denuncia del uso patriarcal de los derechos humanos de las mujeres al servicio del Estado.

México D. F. a 22 de agosto de 2014



A LA COMUNIDAD ACADÉMICA;
A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS;
A LAS REDES FEMINISTAS;
A LA SOCIEDAD CIVIL;
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN;

PRESENTE.

En este comunicado, la Red No Están Solas damos a conocer nuestro posicionamiento político respecto a los acontecimientos ocurridos hace más de dos semanas, en los cuales el doctorante de Filosofía por la UNAM, Ernesto Aguilar Martínez, defensor de derechos humanos y colaborador de esta Red, fue detenido injusta e ilegalmente al sembrarle un delito que no cometió la noche del domingo 3 de agosto de 2014, formando parte de la política de represión emprendida desde inicios del actual Gobierno del Distrito Federal (GDF) y sumándose a una serie de detenciones arbitrarias que se han incrementado en los últimos meses y cada vez con mayor violencia institucional, lo que pone en riesgo la libertad, la integridad y la libre expresión de jóvenes y activistas; además de vulnerar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

     Damos a conocer que Ernesto salió libre del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en menos de 72 horas debido a la importante solidaridad por parte de la sociedad civil que con su denuncia, movilización, difusión en redes sociales y medios de comunicación, aunado a la documentación y denuncia en derechos humanos, logramos liberar de su injusta reclusión a nuestro compañero Ernesto Aguilar, quedando constancia de que su libertad fue resultado más de una decisión política del GDF ante la movilización y la protesta social, que un proceso legal donde se probara su inocencia. Las irregularidades y violaciones a los derechos humanos detectadas desde la detención y en el debido proceso demuestran cómo la impunidad y la corrupción imperan en el sistema de justicia mexicano, por eso es necesario señalar algunos factores importantes que nos preocupan como defensoras de los derechos humanos de las mujeres.

     En este caso advertimos que el GDF utiliza y tergiversa la legislación en materia de derechos humanos de las mujeres históricamente conquistados por las luchas sobre todo feministas, que a diario exigen espacios públicos libres de violencia. Con la detención arbitraria de un integrante de la Red No Están Solas, estas conquistas se instrumentaron de manera patriarcal por el mismo sistema, se criminalizó y sembró un delito de alta gravedad como lo es el “abuso sexual”; además éstos derechos fueron utilizados para controlar, exponer y denigrar a las mismas mujeres, como es el caso en que una mujer perteneciente a un cuerpo policial del D. F., fue un instrumento para abusar del poder, acusar y detener a un ciudadano común que ejercía su derecho a documentar un desalojo y posible detención arbitraria dentro de las instalaciones del Sistema de Trasporte Colectivo, Metro. 

     Lamentablemente en este caso, la acusación penal de “abuso sexual agravado” no fue un recurso a favor de los derechos de las mujeres, como debería serlo; por el contrario, se utilizó a una mujer funcionaria pública para criminalizar a un ciudadano inocente como consta en las grabaciones y testimonios realizados por distintos usuarios del Metro, denigrando así los logros de las luchas feministas que, lejos proteger a las mujeres, se aprovecha para justificar detenciones que sirvan de estadística para argumentar logros de la aplicación de derechos de las mujeres a nivel local y nacional. Con esta situación, el GDF sigue comprobando que desde su arribo ha mostrado ser tan conservador y represor como el actual Gobierno Federal perteneciente al Partido (pos-) Revolucionario Institucional (PRI).

     Como Red feminista, ante todo creemos en primer lugar en el testimonio de las mujeres siempre que denuncian a su agresor, pero existen excepciones que confirman la regla: las evidencias aportadas por la ciudadanía que presenció la detención de nuestro compañero, comprobaron el abuso policíaco por el cual era sometido imputándole un delito inexistente. 

     Por lo anterior, denunciamos la manipulación de logros feministas llevados a políticas públicas que el GDF utiliza a favor de un sistema patriarcal, como lo vimos claramente en este caso. 

     Exigimos que se abra una investigación formal para dar cuenta del número de casos similares, donde mujeres policías denuncien ser víctimas de tales abusos y se incurra en falsedad de declaraciones para justificar detenciones arbitrarias. 
 
   Demandamos el cese a las detenciones arbitrarias de las personas defensoras de derechos humanos en la ciudad, en particular al uso de las políticas públicas en defensa de los derechos de las mujeres utilizados en detrimento para la protección de las mujeres que transitan a diario los espacios públicos de esta ciudad; y la garantía de no repetición.

     Por último, agradecemos la solidaridad de aquellas personas que contribuyeron en evitar que se cometiera una larga e injusta reclusión para Ernesto Aguilar, mostrando que aún podemos oponernos a la política del miedo y el autoritarismo del actual gobierno de la Ciudad de México; asimismo, pedimos todo su apoyo al exigir justicia en este caso y subsiguientes ante la impunidad de la violencia institucional.


ATENTAMENTE:

¡Ante la violencia machista: autodefensa feminista!

Red No Están Solas

miércoles, 14 de mayo de 2014



Escrache agresor Juan Carlos Sosa Ramirez UNAM


Escrache en la FCPyS-UNAM a Juan Carlos Sosa Ramirez agresor de 3 universitarias.
Pronunciamiento contra la violencia de Juan Carlos Sosa Ramírez

México D. F. a 13 de mayo de 2014

A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO;
A LA OPINIÓN PÚBLICA:

Quienes suscribimos esta carta nos pronunciamos en contra de toda manifestación de violencia dentro de nuestros espacios universitarios; igualmente, nos solidarizamos con las tres estudiantes que se atrevieron a denunciar penalmente las múltiples agresiones, la violencia física y psicológica, acoso sexual y amenazas por parte de Juan Carlos Sosa Ramírez, estudiante de la Licenciatura de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Mediante la visibilización de ésta conducta, consideramos que es urgente proteger a las estudiantes ante la amenazante posibilidad de futuros ataques provenientes del agresor, quien aún asiste a la Facultad para concluir sus estudios de Licenciatura al igual que las tres universitarias que fueron agredidas. Este señalamiento público es también consecuencia de la omisión que las autoridades universitarias hacen frente a estos abusos, quienes lejos de garantizar los derechos humanos y la integridad de la comunidad universitaria, desacreditan la voz de las estudiantes que se atreven a denunciar estos hechos.

El pasado septiembre de 2013 las tres alumnas, dos de la Licenciatura de Administración Pública y una de Ciencias de la Comunicación, entregaron tres escritos ante la Unidad Jurídica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en los cuales dan cuenta de una demanda penal ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) contra el agresor y, en consecuencia, demandaron medidas precautorias para favorecer su seguridad e integridad tanto físicas como psicológicas dentro de los recintos universitarios.

El caso de violencia que denuncian estas tres compañeras es tan sólo uno de muchos otros que ocurren de manera sistemática en nuestra máxima casa de estudios, como sucedió en la Escuela Nacional Preparatoria No. 9 donde una menor padeció el acoso sexual perpetrado por un profesor de la asignatura de Física, hecho por el cual la UNAM recibió y negó en su mayoría la recomendación 45/2013 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el día 29 de octubre de 2013 por las violaciones a los derechos humanos, tales como su integridad y seguridad personal, su derecho al desarrollo social, a la educación, a un trato digno y por limitar el acceso a la justicia de la alumna; o como fue la denuncia pública en junio de 2011 que evidenció la violencia y acosos de un profesor en la Facultad de Filosofía y Letras en la misma universidad.

Dado lo anterior, creemos que no se trata de un asunto personal o de un incidente aislado sino que representa un problema estructural que atañe a toda la comunidad universitaria, así como a las autoridades de UNAM, los gobiernos en todas sus escalas y a la sociedad en su conjunto. También consideramos que la formación académica trasciende las aulas y, por lo tanto, quienes forman parte de ella deben mostrar los valores y generar las condiciones necesarias que permitan a los y las alumnas a construir conocimiento bajo un clima relacional garante de su seguridad; además deben ser conscientes de su responsabilidades que afectan a la comunidad universitaria en su conjunto, en esferas tanto públicas como privadas.

Por eso es que llamamos a la solidaridad de estudiantes, académicas (-os) y trabajadoras (-es), para construir espacios universitarios libres de violencia contra las mujeres y por causas sexo-genéricas en nuestra facultad y en toda la universidad.

Asimismo, exigimos que se tomen acciones contundentes contra este alumno quien se ampara ante los nulos mecanismos que existen en nuestra universidad, para erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres universitarias en torno a un modelo sistemático que encubre la violencia machista en el país.

Es inaceptable que un miembro de la universidad ejerza violencia contra otras estudiantes y siga impune; tampoco es admisible que continúe realizando algún tipo de labor académica dentro de nuestras aulas o en cualquier ámbito de la UNAM. No podemos permitir que nuestra universidad se convierta en un lugar que tolere este tipo de conductas.

Ante la gravedad de los hechos y considerando que este estudiante ha actuado sin ninguna sanción contundente, quienes suscribimos la presente denuncia exigimos:

1. La expulsión definitiva del estudiante Juan Carlos Sosa Ramírez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México;
2. Que se garantice la integridad personal para las afectadas;
3. La implementación de un sistema de investigación, formación estadística y de transparencia en cuanto a las denuncias y su acceso a la justicia;
4. Que se establezcan protocolos y reglamentaciones que sancionen a los agresores y protejan a las víctimas, y cumplan con el derecho de petición;
5. La instauración de instancias especializadas con perspectiva de género que no re-victimicen a las personas afectadas;
6. Alto a la violencia institucional ejercida contra las mujeres universitarias que se atreven a denunciar;
7. Exigimos acciones contundentes, y ágiles que sancionen a todo agresor;
8. Repudiamos el ocultamiento, la retención de los casos y la desacreditación de las denuncias por parte de las autoridades competentes;
9. Exigimos la creación de un “Observatorio universitario de violencia de género en la UNAM”.

ATENTAMENTE:
¡POR LA DIGNIDAD Y JUSTICIA UNIVERSITARIAS!
¡POR EL CASTIGO A LA VIOLENCIA FÍSICA Y MORAL HACIA LAS MUJERES!!
¡POR ESPACIOS UNIVERSITARIOS LIBRES DE VIOLENCIA!
¡PORQUE LO PERSONAL ES POLÍTICO!
¡FUERA LOS AGRESORES SEXUALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES!

RED NO ESTÁN SOLAS
¡SI TOCAN A UNA, RESPONDEMOS TODAS!